• (54 11) 4516-0158 | Paraguay 435, dpto.38, C.A.B.A
  • info@unidosjusticia.org

Justicia Anticorrupción

Home / Justicia Anticorrupción


Las discusiones  sobre la corrupción suelen enfocarse casi exclusivamente en la responsabilidad de los funcionarios públicos que se han enriquecido por fuera de los circuitos permitidos y a costa del interés general de la sociedad. Así, la corrupción es vista como un problema del sector público, pero poco se habla de la otra cara de la misma moneda, que es el rol del sector privado en los escándalos de corrupción que se han sucedido en las últimas décadas.

La relevancia en los niveles locales e internacionales de los efectos negativos de la corrupción se pone de manifiesto con las sanciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de estados Americanos (OEA 1996), y de la reciente Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (NACIONES UNIDAS 2003). Dichas convenciones fueron sancionadas en el contexto de numerosos otros instrumentos internacionales directamente relacionados, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o “Convención de Palermo” (NACIONES UNIDAS 2003).

Si bien no hay una definición universalmente aceptada sobre “corrupción”, básicamente por diferencias legales, criminológicas e incluso políticas de los diferentes Estados que participaron en la negociación del texto, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se optó por no definir el concepto de “corrupción”. Es lugar de esto, se describieron grupos de conductas que se propone a los Estados criminalizar, según clases de conductas, según sean los implicados funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros, según sean del sector privado, entre otras categorías.

La corrupción afecta negativamente el desarrollo económico, principalmente de los países en desarrollo, a través de su impacto en aspectos como inversión doméstica y extranjera, tributos, gasto público y desarrollo humano. Al mismo tiempo, debilita el marco regulatorio y la eficiencia de las instituciones, ya que distorsiona los incentivos y los procesos de adopción de decisiones, atentando en definitiva contra el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la igualdad en el largo plazo.

Desde la perspectiva del sector privado, en los últimos años las compañías han invertido importantes recursos en el desarrollo de programas de “compliance”, con el objeto de disminuir los riesgos de tener que afrontar sanciones establecidas por las regulaciones locales e internacionales, tales como acciones penales y civiles, exclusión de privilegios fiscales, inhabilitaciones, demandas de accionistas o deterioro de la imagen de sus compañías por parte de la opinión pública o consumidores.

Las empresas deben realizar sus mejores esfuerzos para implementar programas de control interno efectivos que incluyan procedimientos y políticas  que cuenten con el sustento de sus más altos directivos. Programas de entrenamiento que ilustren sobre la forma de operar legal y éticamente, sobre todo en negocios relacionados con contrataciones con los Estados, y un sistema efectivo de reporte de trasgresiones son otras de las medidas dirigidas a disminuir los riesgos de conductas deshonestas.

Tanto los gobiernos como las compañías deben adecuar los diseños organizacionales y los marcos normativos para generar un contexto efectivo de prevención de la corrupción como posible solución integral frente a la problemática.

La lucha contra la corrupción no es sólo un deber moral, sino económico. En los países donde los contratos públicos se consiguen a través de sobornos o favoritismos y no por medio de una competencia abierta y transparente entre contratistas, es la sociedad la que terminará pagando un mayor precio por obras estatales inconclusas o de menor calidad, como así también por servicios públicos deficientes.

Para combatir eficientemente la corrupción es fundamental una gestión orientada a resultados basada en la previsión y preparación anticipada de logros y en la delimitación y asignación de responsabilidades para su consecución. Privilegiar la función orientadora de los fines en la elección de los medios. La incorporación de herramientas estratégicas y pautas de acción orientadas a añadir los conceptos relacionados con el fenómeno de la corrupción desde los aspectos legales, económicos e institucionales. Es importante tener en cuenta la importancia de la acción internacional en la prevención y lucha contra la corrupción, como la incidencia de los instrumentos internacionales en las reglas de juego vigentes.

Las diferentes modalidades e institutos de control de la gestión pública y empresaria resultan un claro estímulo para avanzar hacia la transparencia administrativa, la publicidad de la información y la aplicación de reglas de juego claras entre las empresas contratistas del estado.